Ley del Tercer Sector
Más
de 30.000 organizaciones sociales piden que el desarrollo de la Ley del
Tercer Sector sea una prioridad en la próxima legislatura.
La Plataforma del Tercer Sector, que representa a más de 30.000 entidades sociales, ha pedido que el desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social sea una prioridad en la próxima legislatura, que esperan comience tras las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. De esta manera se pondría fin al periodo de inestabilidad política que está afectando a la población en general, pero, sobre todo, a los colectivos más vulnerables.
La Plataforma del Tercer Sector, que representa a más de 30.000 entidades sociales, ha pedido que el desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social sea una prioridad en la próxima legislatura, que esperan comience tras las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. De esta manera se pondría fin al periodo de inestabilidad política que está afectando a la población en general, pero, sobre todo, a los colectivos más vulnerables.
Así lo ha manifestado el presidente de la PTS, Luciano Poyato,
coincidiendo con el aniversario de la norma, que se aprobó el 9 de
octubre del año 2015, y aún está sin desarrollar. El objetivo de la
misma es velar por la estabilidad del sector y ofrecer mejores garantías
jurídicas a las entidades sociales.
Poyato ha explicado que la ley establece 11 desarrollos normativos, pero hasta el momento sólo se aprobó uno en 2017, que es el Reglamento de la Comisión para el Diálogo Civil. En este sentido, ha asegurado que es “prioritario” impulsar el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector con el que se podrán seguir avanzando en fortalecimiento, articulación e impulso de propuestas a favor de las personas y las políticas contra la desigualdad y a favor de la inclusión.
“En estos cuatro años también se tendría que haber reconocido a las ONG con el estatus de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado y se debería haber realizado un Inventario de entidades del Tercer Sector de Acción Social para conocer cuál es su capacidad de incidencia y su localización”, ha subrayado Poyato.
De la misma manera, ha defendido que la ley es una antigua demanda de las organizaciones sociales que, con mucho esfuerzo se pudo sacar adelante, convirtiéndose en una ley pionera, con valor político e institucional, pero “sin un desarrollo normativo no podrá abrazar los objetivos que pretendía y muchas de sus potencialidades quedarán truncadas”.
A pesar de esto, Poyato confía en que finalmente los representantes políticos desarrollen esta ley, que además está sirviendo de inspiración para que las comunidades autónomas puedan impulsar las suyas a nivel territorial. Hasta la fecha, existen leyes del Tercer Sector en País Vasco, Extremadura y Baleares, y se encuentran en un momento de tramitación avanzada en Castilla-La Mancha y Canarias.
Poyato ha explicado que la ley establece 11 desarrollos normativos, pero hasta el momento sólo se aprobó uno en 2017, que es el Reglamento de la Comisión para el Diálogo Civil. En este sentido, ha asegurado que es “prioritario” impulsar el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector con el que se podrán seguir avanzando en fortalecimiento, articulación e impulso de propuestas a favor de las personas y las políticas contra la desigualdad y a favor de la inclusión.
“En estos cuatro años también se tendría que haber reconocido a las ONG con el estatus de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado y se debería haber realizado un Inventario de entidades del Tercer Sector de Acción Social para conocer cuál es su capacidad de incidencia y su localización”, ha subrayado Poyato.
De la misma manera, ha defendido que la ley es una antigua demanda de las organizaciones sociales que, con mucho esfuerzo se pudo sacar adelante, convirtiéndose en una ley pionera, con valor político e institucional, pero “sin un desarrollo normativo no podrá abrazar los objetivos que pretendía y muchas de sus potencialidades quedarán truncadas”.
A pesar de esto, Poyato confía en que finalmente los representantes políticos desarrollen esta ley, que además está sirviendo de inspiración para que las comunidades autónomas puedan impulsar las suyas a nivel territorial. Hasta la fecha, existen leyes del Tercer Sector en País Vasco, Extremadura y Baleares, y se encuentran en un momento de tramitación avanzada en Castilla-La Mancha y Canarias.
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